El Fondo de Restructuración Ordenada a Bancaria, despidió a los exjefes de CaiXa Catalunya cuando gestionaban la entidad por entender que traicionaban al Estado, entendiendo que actuaron de manera desleal para provocar una situación interna insostenible que forzó al Banco a decidir su salida indemnizada del mismo. El Juez del Juzgado de lo Social nº 8 ha declarado este despido improcedente, decidiendo que el FROB no acredita debidamente este, y obliga a indemnizarles con 600.000 euros a cada uno o bien readmitirles en Catalunya Banc.
El Ministro de Economía Guindos, anunció ayer que el FROB recurrirá esta sentencia y no para indemnización alguna hasta que la sentencia sea firme, el FROB acusa a los exjefes de malvender, declarando que Todó y Masana «han venido centrando sus esfuerzos en procurar la venta del Banco a cualquier precio y condición», según la carta de despido, que les acusa implícitamente a ayudar a los potenciales compradores a bajar su oferta al Estado. Se produjo «la realización de presentaciones del Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado a potenciales compradores con datos distintos de los informados al accionista mayoritario, como, por ejemplo, incluyendo previsiones por pérdidas esperadas muy superiores a las previamente conocidas por los órganos de gobierno del Banco, sin una fundamentación objetiva suficiente y perjudicando de manera infundada las posibilidades de venta».
Además les acusa de presionar para que se aceptara someter al sistema de arbitraje el 100% en el tema de preferentes, lo cual sólo se concibe si se admitiese que se había producido una deficiente gestión del Banco, bajo su ámbito de responsabilidad ejecutiva. Y de alarmismo y lo demuestran con el ejemplo de que «En la noche del 3 de abril [de 2013], a las 19.53 horas, y por tanto fuera de plazo, los consejeros ejecutivos citados deciden comunicar y colgar en la web de los consejeros del Banco, sin previo aviso, una nueva versión de las cuentas que debían ser formuladas y aprobadas en el consejo de administración a celebrar el día siguiente. Dicha nueva versión contenía comentarios añadidos planteados por ambos consejeros ejecutivos para su inclusión en la memoria de las cuentas consolidadas del ejercicio 2012, y que de modo insólito suponían incluir en dicha memoria comentarios críticos o alarmistas que ponían en cuestión de manera infundada la solvencia».
Mencionando un incidente tras un reiterado y gravísimo fallo en los sistemas de seguridad y acceso a las instalaciones, que derivó en la ocupación de las dependencias del Banco por parte de un gran número de representantes sindicales y empleados del mismo, en protesta por la parálisis en la gestión del Banco. Y de prestar servicios innecesarios acusando a Todó y Masana de contratar servicios de la consultora McKinsey por 375.000 euros que eran «innecesarios».