La reforma del sector electrónico asfixia a 30.000 pequeños inversores que buscaban un complemento para su economía 30.000 pequeños inversores en huertos solares confiaron sus ahorros a un proyecto garantizado por el Estado que les ha dejado en la ruina.
“El sol puede ser suyo” era el lema con el que se iniciaba esta promoción por el Ministerio de Industria en 2005 para garantizar una rentabilidad de hasta un 14%, promocionando los múltiples usos que proporcionaba en invertir en energía fotovolcaica. Estas instalaciones se pueden conectar a la red y de esta manera se genera electricidad.
El Ministerio de Industria promocionaba la campaña informando de la capacidad de las energías limpias para reducir las emisiones de CO2 , fue parte de la campaña la promoción de esta inversión como una ayuda para que el país cumpliese los compromisos adoptados por los protocolos de Kioto para luchar contra el cambio climático. Los inversores ponían su casa como garantía para obtener un crédito.
El fallo de esta inversión se ve reflejado en su misma propuesta, dado que el Gobierno socialista no limito la potencia fotovolcaica con derecho a la prima, la ayuda que cobraban estos inversores por vender esta energía al sector eléctrico.
El auge de esta inversión se produjo desde 2007 a 2010, se vio multiplicada por cinco , según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), pasando de 53,7 a 313,7GW/h . Anteriormente al 2010 se podían reducir a 25 los años que les garantizaban las primas, antes se podían percibir durante toda la vida útil de la instalación, posteriormente en este mismo año bajo también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención.
Con el cambio de gobierno se produjeron transformaciones en el 2012 impusieron un impuesto del 7% de la generación de electricidad, además de congelación del IPC, además de la bajada de sus ganancias, la reforma del sector energético las volvía a bajar a la mitad.
Los campos solares se encuentran repartidos por toda España.Un tercio de la energía fotovolcaica del país está en manos de grandes fondos de inversión de bancos extranjeros que han denunciado al Estado por el cambio de las condiciones garantizadas en el BOE.